El 25 de junio, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. La nueva normativa se ha publicado en el BOE, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
A raíz de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por el COVID-19, numerosos países, y entre ellos España, han tenido que reaccionar de manera urgente ante la rápida propagación de la pandemia, impulsando diversas medidas que amortigüen su impacto económico en todos los sectores productivos del país.
Los efectos del COVID-19 sobre la economía y sobre el sistema energético, lejos de suponer una amenaza para la necesaria descarbonización de las economías, representan una oportunidad para acelerar dicha transición energética, de manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos, con la actividad económica y el empleo que estas llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde para la recuperación de la economía española.
Por este motivo, el nuevo decreto ley está compuesto por una serie de medidas para garantizar una transición energética, limpia, justa, fiable, y económicamente competitiva, favoreciendo la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo (Green Deal). Además, elimina las barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones.
El Real Decreto-ley 23/2020 se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión, y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. Así, el Gobierno desarrollará otro marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.
El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso del almacenamiento, la hibridación; la figura del agregador independiente y las comunidades de energía renovables. En tercer lugar, se aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética: se creará el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética por el que se asignará a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro.
Por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del covid-19. Hay que tener en cuenta que en los últimos dos años se está produciendo el cierre de las centrales térmicas de carbón, este hecho tiene un impacto en la situación económica de determinadas comarcas de España en la que sus ciudadanos dependen de los puestos de trabajo generados directa o indirectamente por estas centrales de producción.
Fuente: Caloy, 25-06/2020